Cómo elegir proveedor solar para tu empresa: checklist del comprador industrial

Un proyecto solar empresarial tiene cuatro capas, y un proveedor puede ser bueno en una y débil en otra: el diseño, la construcción, la certificación de que lo construido cumple el reglamento y el trámite de conexión ante el operador de red. Las cuatro tienen norma propia, y en las cuatro hay documentos con firma y responsable.

El marco es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Su texto vigente es el de los cuatro libros y los anexos expedidos con la Resolución 40284 del 23 de junio de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, publicada en el Diario Oficial el 1 de julio de 2026, que modificó el reglamento contenido en la Resolución 40117 de 2024, ya ajustada por la Resolución 40304 de 2025. El periodo de transición con el RETIE de 2013 terminó el 31 de diciembre de 2025: las obras iniciadas desde el 1 de enero de 2026 ya no se inspeccionan con la norma anterior.

Esto da una primera prueba sencilla. Una oferta que cite como marco únicamente la Resolución 90708 de 2013, o que no mencione el RETIE, viene de una plantilla que nadie ha actualizado. No descalifica por sí sola, pero indica cuánta atención presta el proveedor a la parte del proyecto que no se ve.

El RETIE exige que el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de una instalación eléctrica sean dirigidos, supervisados y ejecutados por personas técnica y legalmente competentes (artículo 3.2.1). Para el diseño nombra a ingenieros electricistas, electromecánicos y de distribución y redes eléctricas, con la competencia que les da su matrícula conforme a las Leyes 51 de 1986 y 842 de 2003. Los técnicos electricistas pueden construir solo las instalaciones incluidas de forma expresa en su matrícula, que expide el CONTE.

Hay un umbral que una empresa supera casi siempre: los procesos de generación con fuentes no convencionales de 10 kVA o más deben tener un diseño antes de construirse (artículo 3.3.1), y ese diseño lleva el nombre, la matrícula y la firma de quien lo elaboró, que con ella se hace responsable de sus efectos (artículo 3.2.3). El personal no electricista puede ejecutar las actividades que no implican riesgo eléctrico directo, como la obra civil o el tendido de conductores, pero bajo supervisión de una persona competente en electrotecnia.

La consecuencia de saltarse esto no es teórica. Si quien dirige o ejecuta la instalación no tiene matrícula, o la tiene sin la competencia que la obra requiere, el reglamento ordena que el operador de red no la ponga en servicio y que se informe a la Superintendencia de Industria y Comercio y al consejo profesional.

Comprobarlo cuesta unos minutos. La Ley 842 de 2003 permite a cualquier contratante pedir al Copnia el certificado de vigencia de un ingeniero; para las ingenierías eléctrica, mecánica y afines, el Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, que las matricula conforme a la Ley 51 de 1986, ofrece en su página la consulta de matrículas y la descarga del certificado de vigencia y antecedentes, y el CONTE publica la base de técnicos matriculados, la vigencia y los sancionados. Pida por escrito el nombre y el número de matrícula de quien firmará el diseño y de quien dirigirá la obra, y consúltelos. El reglamento exige además que quienes emiten las declaraciones de cumplimiento estén inscritos en el registro de productores, importadores y prestadores de servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio: pida esa constancia.

Al terminar, el constructor debe demostrar que la instalación cumple el reglamento mediante la declaración de cumplimiento, que firma la persona competente responsable de la dirección o de la construcción directa. El formato oficial es una declaración bajo la gravedad de juramento, con cédula y número de matrícula, en la que el firmante afirma que la instalación cumple el RETIE y que verificó los certificados de producto contra los equipos instalados. Hay una declaración equivalente del diseñador.

Cuando la instalación requiere certificación plena, esas dos declaraciones deben validarse con un dictamen de inspección emitido por un organismo acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) bajo la norma ISO/IEC 17020, con los criterios de independencia de los organismos de tipo A. Requieren certificación plena, entre otras, las instalaciones de autogeneración a pequeña escala y de fuentes no convencionales de 10 kVA o más que se conectan a la red para entregar excedentes, las de autogeneración de 10 kVA o más que no se conectan a la red, las instalaciones industriales de 20 kVA o más y las comerciales de más de 15 kVA (numeral 4.3.2.1 del Libro 4). Una planta conectada a la red que no entrega excedentes suele entrar por estos dos últimos supuestos o como ampliación. Las ampliaciones también exigen certificación plena: en autogeneración a pequeña escala, cuando superan el 30% de la capacidad instalada o cuando se instalan equipos para entregar excedentes.

Dos consecuencias prácticas. La primera: el reglamento exige que el organismo de inspección cumpla los criterios de independencia de los organismos de tipo A de la norma ISO/IEC 17020, lo que en la práctica excluye que inspeccione el propio instalador o una empresa vinculada a él; su acreditación se comprueba en el Directorio Oficial de Acreditados de ONAC, que permite buscar por razón social y ver las acreditaciones suspendidas, retiradas y vencidas. La segunda: el reglamento dice que, mientras no exista la certificación, las instalaciones no pueden ser usadas por los usuarios finales, de modo que el dictamen forma parte del plazo y del precio. Pregunte quién lo contrata, quién lo paga y qué pasa si el primer dictamen sale con no conformidades.

El reglamento fija además lo que el constructor debe entregar: los planos finales de la instalación ejecutada, firmados, un manual de operación y mantenimiento, también firmado, y la evidencia verificable de los productos instalados, anexa a su declaración. Si la oferta no menciona estos entregables, pídalos como condición del último pago.

El constructor está obligado a usar productos que cumplan el reglamento y cuenten con certificado de producto. En la tabla de productos objeto del RETIE figuran los paneles solares fotovoltaicos de 100 W o más, los inversores, las baterías, los reguladores de carga, los cables y conductores (con ensayos específicos para el cable de uso en energía renovable), los conectores, los dispositivos de protección contra sobretensiones y los fusibles, entre otros. Para los paneles el reglamento toma como referencia normas como IEC 61215 e IEC 61730, y para los inversores IEC 62109-1, IEC 62109-2 e IEC 62116.

Pida, para cada equipo, la marca, la referencia exacta, el número del certificado y su vigencia, y compruebe que la referencia cotizada es la misma que la certificada. Los organismos de certificación deben registrar los certificados en el sistema SICERCO, que administra la Superintendencia de Industria y Comercio. La estructura de soporte recibe otro tratamiento: el reglamento la regula como requisito de la instalación, que debe considerar el peso y las dimensiones del panel y no causar daños a la edificación, y exige que el diseño defina accesos y medios de tránsito para montar, inspeccionar y mantener, que el inspector verifica físicamente. Por eso conviene que la oferta incluya la memoria estructural y los pasillos de mantenimiento.

Conviene saber también qué no es una prueba. Muchas propuestas presentan los paneles como «Tier 1». Esa clasificación la elabora BloombergNEF, y su propia metodología, en la versión del 4 de septiembre de 2026, dice que mide la aceptación de un fabricante por la banca: son «Tier 1» quienes han suministrado producto de marca y fabricación propias a seis proyectos distintos financiados sin recurso por seis bancos comerciales distintos en los dos últimos años. El documento recomienda expresamente a compradores y bancos no usar la lista como medida de calidad, advierte que no tiene en cuenta información sobre la calidad del producto y que hay ejemplos documentados de problemas de calidad y de quiebra entre fabricantes de esa lista. Añade que solo vale la lista del último trimestre, que solo la conocen sus clientes y que un comunicado del fabricante no es prueba de pertenecer a ella.

Sobre la empresa hay tres comprobaciones al alcance de cualquier comprador. La primera es el Registro Único Empresarial y Social (RUES), donde las cámaras de comercio dan acceso gratuito a datos como la razón social, el NIT, la fecha de matrícula y de renovación, el estado de la matrícula, la actividad económica y los representantes legales con las limitaciones de su capacidad para contratar. Importa esto último: confirme que quien firma el contrato puede obligar a la empresa por ese valor.

La segunda es la experiencia. La Resolución CREG 174 de 2021, en el texto vigente de su artículo 14, incluye entre los documentos de la solicitud de conexión un certificado de capacitación o experiencia: la empresa encargada de la instalación, o el instalador, deben certificar al menos un año de experiencia específica acorde con la tecnología que se va a instalar, o adjuntar un certificado de capacitación del personal. Es el mínimo para tramitar, no una medida de solvencia. Pida, además, tres proyectos de tamaño y tipo de cubierta comparables al suyo, con un contacto que pueda llamar y, si es posible, una visita.

La tercera es el Registro Único de Proponentes (RUP). Solo se inscribe quien quiere contratar con entidades estatales, así que no tenerlo no dice nada malo de un proveedor privado. Si lo tiene, pídale el certificado: es un buen indicio, porque las cámaras de comercio verifican y certifican en él la experiencia en contratos y los indicadores de capacidad financiera, como liquidez, endeudamiento y cobertura de intereses.

Pregunte, por último, quién hace cada parte. Es habitual que el proveedor que vende no sea quien construye. Subcontratar no es un problema; no saber a quién, sí: las matrículas, la experiencia y las certificaciones que cuentan son las de quien de verdad va a estar en su cubierta.

La conexión se rige por la Resolución CREG 174 de 2021, modificada en 2025 y en 2026. Regula la autogeneración a pequeña escala (AGPE), que llega hasta 1 MW según la Resolución UPME 281 de 2015, y los aspectos de conexión de los autogeneradores a gran escala con potencia máxima declarada menor a 5 MW. La capacidad, cuando se conecta mediante inversores, es la suma de sus capacidades nominales en corriente alterna.

El tamaño cambia el trámite. Los AGPE de más de 100 kW que entregan excedentes y los autogeneradores a gran escala con potencia máxima declarada menor a 5 MW deben presentar un estudio de conexión simplificado; no aplica a quienes no entregan excedentes; tampoco a los AGPE de hasta 100 kW que sí los entregan, salvo que el circuito de nivel de tensión 1 no cumpla los límites de disponibilidad, caso en el que también se exige. El estudio lo puede elaborar el interesado o el operador de red, hay cinco meses para hacerlo y el operador tiene veinte días hábiles para revisarlo. Las protecciones y las pruebas siguen los acuerdos del Consejo Nacional de Operación, que se actualizan con frecuencia: a octubre de 2026 rigen el Acuerdo 2233 (protecciones) y el Acuerdo 2229 (pruebas), ambos del 1 de septiembre de 2026.

Hay tres datos de la norma que protegen al comprador. La solicitud se hace en el sistema de trámite en línea del operador y no tiene costo. El operador no puede pedir documentos distintos de los que la resolución enumera. Y la aprobación caduca: para un AGPE vale seis meses, prorrogables tres más, y si el proyecto no entra en operación con al menos el 90% de la capacidad asignada, el operador libera la capacidad no usada. Un proveedor que tramita pronto y construye tarde puede dejar a la empresa sin punto de conexión.

En baja tensión hay un límite más. En el nivel de tensión 1, la suma de la potencia de todos los AGPE y generadores distribuidos que entregan energía en un mismo circuito no debe superar el 50% de la capacidad del transformador que lo alimenta; si se supera, la conexión exige estudio simplificado y el solicitante paga las obras de refuerzo de la red. El límite no se aplica a quien no entrega excedentes. Un proveedor serio lo comprueba antes de dimensionar, no después de vender.

La responsabilidad de entregar la información es del usuario, aunque el proveedor la gestione. La oferta debe decir quién radica, quién responde a las observaciones, quién paga el estudio de conexión y el medidor, y qué ocurre con el precio y el plazo si el operador pide cambios.

Una planta en cubierta es trabajo en alturas. La Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo lo define como toda actividad con riesgo de caída mayor a 2,0 metros, y se aplica a «todos los empleadores contratantes, contratistas, aprendices y trabajadores de todas las actividades económicas que desarrollen trabajo en alturas» (artículo 2). Exige que todos los trabajadores expuestos tengan certificado de capacitación y entrenamiento o de competencia laboral, que cada trabajo responda a un permiso de trabajo y que haya un coordinador de trabajo en alturas.

La misma resolución impone al empleador el deber de verificar que sus contratistas la cumplen, incluido su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y dice que será solidario en los accidentes que ocurran cuando sus contratistas no implementen esas medidas (artículo 61, literal k). Ese artículo habla solo de empleador, aunque otros mencionan al contratante, y su alcance frente a una empresa que solo contrata la obra es discutible; lo prudente es actuar como si le aplicara. El Decreto 1072 de 2015 añade deberes generales: incluir la seguridad y la salud en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, verificar antes del inicio y de forma periódica la afiliación a riesgos laborales e informar al contratista de los peligros de la zona de trabajo.

Hay también un riesgo laboral. El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, en la redacción de la Ley 2466 de 2025, hace solidariamente responsable a quien contrata la obra por los salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores del contratista, salvo que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa, y permite pactar con el contratista las garantías del caso. Que la instalación de una planta solar sea una labor extraña al negocio de una empresa es una discusión de cada caso, no una certeza.

En la práctica: pida los certificados de alturas del personal que entrará, el nombre del coordinador, la constancia de afiliación a la administradora de riesgos laborales y el resultado de la autoevaluación de estándares mínimos del sistema de seguridad y salud. Y pregunte cómo quedará resuelto el acceso seguro para el mantenimiento futuro, que el RETIE exige definir en el diseño.

Casi todas las ofertas traen una cifra de producción anual. Lo que distingue a un proveedor serio es que dice de dónde sale. Una simulación da un valor central, el P50: la producción que tiene un 50% de probabilidad de superarse en un año. El P90 es el valor que se supera con un 90% de probabilidad, y es más bajo. El Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos (NREL) explica que estas probabilidades de excedencia se usan para cuantificar el riesgo que introduce la variación del recurso solar de un año a otro.

Hay un matiz que conviene conocer. La documentación de PVsyst, uno de los programas de simulación más usados, advierte que el cálculo de P50 y P90 requiere parámetros adicionales que la simulación no da y que debe especificar, es decir suponer, el usuario. De ahí se sigue que dos proveedores pueden entregar un P90 distinto con el mismo diseño. Pida el informe completo de la simulación, no solo la cifra: la fuente del dato de radiación, las pérdidas supuestas, la degradación anual y las incertidumbres usadas.

Una garantía de producción solo sirve si se puede medir. La norma IEC 61724-1 trata la monitorización del desempeño de los sistemas fotovoltaicos y define clases de sistemas de monitorización; la IEC 62446-1 define la documentación que se entrega al cliente tras instalar un sistema conectado a red, y las pruebas de puesta en servicio y los criterios de inspección. Ninguna de las dos es obligatoria por el RETIE, pero pedir que la entrega y la monitorización las sigan da un criterio escrito. El contrato debe decir con qué medidor se comprueba la producción, cómo se corrige por la radiación real del año, qué se excluye y cuál es la compensación si no se alcanza.

El Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 de 2011, considera consumidor a la persona natural o jurídica que adquiere un producto como destinatario final para satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o doméstica, y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. La Superintendencia de Industria y Comercio explicó en un concepto de 2012 que no es posible determinar de antemano si una compra crea una relación de consumo, y que esa última hipótesis se analiza caso por caso.

Para una empresa que instala una planta para abastecer su operación, la conclusión prudente es no dar por hecha esa protección. Lo que no esté en el contrato puede no estar en ninguna parte. Separe por escrito cuatro garantías que suelen presentarse como una: la de producto del fabricante de los paneles, la de rendimiento de los paneles, la del inversor y la de la instalación, que es la del proveedor. Para cada una pregunte quién responde en Colombia, quién paga la mano de obra y el transporte de un reemplazo y en qué plazo.

Las pólizas cubren lo que la garantía no puede: que el proveedor deje de existir o no cumpla. Entre particulares son de libre pacto, pero el catálogo del Decreto 1082 de 2015, que obliga a las entidades estatales, sirve de referencia para nombrarlas: buen manejo del anticipo, cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones, estabilidad y calidad de la obra, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, y responsabilidad civil extracontractual, que en ese régimen debe cubrir también a los subcontratistas autorizados, salvo que acrediten un seguro propio. La de salarios es la respuesta directa a la solidaridad laboral, y la de estabilidad, al deterioro de la obra entregada; el daño a la cubierta existente conviene pactarlo aparte.

Si el proyecto va a acogerse a los incentivos tributarios, hay un punto que toca al proveedor: la Resolución UPME 135 de 2025 exige que los certificados de conformidad de producto aportados estén vigentes al presentar la solicitud. Pida al proveedor los certificados y las fichas a tiempo para ese trámite.

Estos son los documentos y las respuestas que conviene tener de cada proveedor antes de comparar precios. Casi todos existen ya si el proveedor trabaja en regla.

Ninguna de estas señales prueba mala fe, pero cada una indica que el proveedor no ha resuelto una parte del proyecto que tarde o temprano hay que resolver.