Normativa para instalar un cargador de vehículo eléctrico en Colombia

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas dedica su sección 20.7 a los cargadores de baterías para vehículos eléctricos. No es una mención de pasada: fija requisitos concretos y comprobables, y es la vara con la que se mide si una instalación está bien hecha.

El punto de partida es que la instalación debe ejecutarse conforme a la norma internacional IEC 61851-1 o a la sección 625 de la NTC 2050, el Código Eléctrico Colombiano. Son dos vías alternativas, no acumulativas, y cualquiera de las dos es aceptable siempre que se cumpla íntegramente.

Sobre esa base, el reglamento concreta varias exigencias que puedes verificar tú mismo en la propuesta y en la obra terminada. La más importante es la protección diferencial: el circuito debe contar con un dispositivo de treinta miliamperios o menos, que es lo que protege a una persona frente a un contacto directo. Junto a ella, protección contra sobrecorriente y una puesta a tierra adecuada.

Hay además requisitos de disposición física que sirven como comprobación rápida de que quien instaló conocía la norma: las tomas deben quedar a una altura de entre medio metro y metro y medio, y cada una atiende a un único vehículo. Si el punto queda a la intemperie, se exigen grados de protección IPX4 frente al agua e IP4X frente a objetos extraños.

La sección 20.7 no se queda en cómo se instala: también establece condiciones sobre el propio cargador como producto.

El equipo debe estar diseñado para las tensiones normalizadas en Colombia e incorporar sistemas de protección que eviten accidentes y daños. Y debe llevar un marcado con información verificable: número de fases, tensión de alimentación, límites de tensión de carga, régimen de carga, identificación del fabricante, consumo, factor de potencia y distorsión armónica.

Ese marcado es la comprobación más sencilla que puede hacer alguien sin formación eléctrica. Un equipo sin placa de características legible, o con una placa que no declara esos datos, es una señal de alerta antes incluso de mirar el precio.

El reglamento incluye además una obligación que casi nadie menciona en la venta y que conviene conocer desde el principio: los cargadores deben revisarse técnicamente con la periodicidad que recomiende el fabricante y, si no la especifica, al menos una vez al año. Es un costo recurrente pequeño, pero existe, y una propuesta seria lo dice.

La Ley 1964 de 2019 es la norma marco de movilidad eléctrica en Colombia. Su objeto es promover el uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones, y aunque buena parte de su articulado se dirige a incentivos y a infraestructura pública, contiene tres disposiciones que conviene conocer si te estás planteando un punto de carga.

El artículo 7 obliga a las entidades públicas y a los establecimientos comerciales que ofrecen parqueadero al público a destinar un mínimo del dos por ciento de sus plazas al uso preferencial de vehículos eléctricos, en municipios de categoría especial, primera y segunda según la Ley 617 de 2000.

El artículo 9 fija metas de infraestructura de carga rápida con un plazo de tres años desde la entrada en vigencia: Bogotá deberá garantizar un mínimo de veinte estaciones de carga rápida, y los municipios de categoría especial podrán garantizar un mínimo de cinco. Nótese la diferencia de verbo entre uno y otro caso, que no es casual.

Y el artículo 10, que es el que más afecta a una vivienda, establece disposiciones urbanísticas para que las edificaciones nuevas de uso residencial y comercial cuenten con acometida eléctrica preparada para la carga de vehículos eléctricos. Si tu edificio es de construcción reciente, merece la pena preguntar por esa previsión antes de cotizar: puede ahorrarte la parte más cara del proyecto.

Es el caso más frecuente en las ciudades colombianas y el que más consultas genera, porque mezcla una cuestión técnica con una jurídica.

La parte jurídica se rige por la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal. La pregunta que lo determina todo es de quién es el espacio donde va el cargador y por dónde pasa el cableado. Un parqueadero de propiedad privada dentro del conjunto no es lo mismo que uno de uso exclusivo asignado sobre zona común, y ninguno de los dos es lo mismo que tender una acometida por zonas comunes hasta llegar allí.

En la práctica, casi cualquier instalación real toca bienes comunes en algún tramo, aunque solo sea el recorrido del cable. Eso sitúa la decisión en el terreno de la administración y, según lo que digan el reglamento de propiedad horizontal y el alcance de la obra, de la asamblea de copropietarios.

La vía que menos fricción genera es llegar con el proyecto técnico hecho en lugar de con una idea: de dónde se toma la energía, por dónde discurre, qué medición se propone para que el consumo lo pague quien carga, qué protecciones lleva y quién responde por la obra. Una solicitud con esa información se resuelve mucho mejor que una pregunta abierta en una asamblea.

La cuestión de la medición merece atención aparte, porque es la que suele bloquear la conversación. Si el cargador cuelga del contador comunal sin medición individual, el consumo lo acaban pagando todos, y esa es la objeción legítima que aparecerá. Proponer de entrada una medición independiente convierte el debate en un trámite.

La instalación termina con papeles, no con el equipo funcionando. Es la parte que más se omite y la que sostiene cualquier reclamación posterior.

Lo mínimo exigible es la constancia de que la instalación cumple el RETIE, la documentación del equipo instalado con su marcado y garantía, y el esquema de lo ejecutado: qué circuito se creó, qué protecciones lleva y desde dónde se alimenta. Sin ese esquema, cualquier intervención futura empieza por adivinar.

Conviene también fijar por escrito quién responde de qué y por cuánto tiempo. En un punto de carga conviven al menos dos garantías distintas —la del equipo, que da el fabricante, y la de la instalación, que da quien la ejecutó— y no cubren lo mismo ni las atiende el mismo interlocutor.

Y como el propio reglamento exige revisión técnica periódica, pregunta desde el principio quién la hará y qué cuesta. Es información que debería estar en la propuesta, no descubrirse un año después.