Normativa para instalar un cargador de vehículo eléctrico en Colombia

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas cambió de estructura. El texto vigente es el de los cuatro libros expedidos con la Resolución 40284 del 23 de junio de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, publicada en el Diario Oficial el 1 de julio de 2026, que modificó el reglamento adoptado con la Resolución 40117 de 2024. El periodo de transición con el RETIE de 2013 terminó el 31 de diciembre de 2025.

Para un cargador importan tres piezas de ese texto. El artículo 2.3.5 del Libro 2 fija lo que debe cumplir el equipo como producto. El artículo 3.17.7 del Libro 3 fija cómo se instala. Y el Libro 4 establece cómo se demuestra que todo eso se cumplió.

Si una propuesta de instalación cita todavía la «sección 20.7» como base, viene del reglamento de 2013. No la descalifica por sí sola, pero indica que nadie revisó la plantilla, y algunos requisitos que importan —las alturas de montaje, la periodicidad de revisión, la certificación— cambiaron.

El artículo 3.17.7 empieza por el diseño: la acometida, los alimentadores y el circuito ramal del que cuelga el cargador deben entregar su potencia durante todo el tiempo de carga sin que los conductores se calienten por encima de 60 °C. Es la razón técnica por la que no basta con enchufar un equipo de carga a cualquier toma de la casa.

De ahí sale el requisito más concreto para una vivienda: en instalaciones domiciliarias o similares, el cargador necesita un circuito eléctrico independiente de mínimo 20 A, exclusivo para ese propósito. No se comparte con la lavadora ni con el resto del garaje.

La protección es lo segundo. Cada punto de conexión debe estar protegido individualmente por un interruptor diferencial con una corriente residual de funcionamiento que no exceda de 30 mA, y ese diferencial debe desconectar todos los conductores activos, incluido el neutro. Además, cada punto se alimenta desde un circuito propio protegido contra sobrecorriente, hay que prever un conductor de puesta a tierra de protección entre la entrada de alimentación del equipo y el vehículo, y el equipo debe desconectar automáticamente el vehículo en caso de falla.

Por último, la disposición física, que sirve de comprobación rápida de que quien instaló conocía la norma vigente. El equipo de suministro se monta a no menos de 0,45 metros del suelo ni a más de 1,2 metros; en exteriores, la altura mínima sube a 0,6 metros. Un conector no puede cargar varios vehículos a la vez, y los cordones y cables no pueden superar en total 7,5 metros salvo que el equipo traiga su propio sistema de manejo de cables.

El artículo 2.3.5 trata el cargador como producto. Aplica a los sistemas de carga, fijos o portátiles, de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de cuatro ruedas o más; las patinetas, bicicletas y motocicletas quedan fuera.

El equipo debe incorporar protecciones que impidan accidentes eléctricos a las personas y daños al vehículo o a la red, y un mecanismo de enclavamiento. Debe llevar además una placa legible y permanente con cuatro datos: número de fases, tensión nominal, nombre del productor o marca registrada y potencia consumida.

Como producto objeto del reglamento, el cargador debe demostrar que cumple mediante un certificado de conformidad de producto expedido por un organismo de certificación acreditado. Es la comprobación más sencilla que puede hacer alguien sin formación eléctrica: pide el certificado del modelo concreto que te van a instalar. Un equipo sin placa legible o sin certificado es una señal de alerta antes incluso de mirar el precio.

Y hay una obligación que casi nadie menciona en la venta: el propietario o tenedor del cargador es responsable de que lo revise técnicamente personal competente, según el manual de mantenimiento y con la periodicidad que recomiende el productor. Es un costo recurrente pequeño, pero existe, y una propuesta seria dice cuál es esa periodicidad.

Este es el cambio con más consecuencias prácticas. El Libro 4 del RETIE vigente incluye las instalaciones de cargadores de baterías para vehículos eléctricos o híbridos enchufables, independientemente de su potencia, entre las que requieren certificación plena (numeral 4.3.2.1, literal f).

Certificación plena significa dos documentos: la declaración de cumplimiento, que firma la persona competente responsable de la obra, y el dictamen de inspección de un organismo de inspección acreditado. No basta con que el instalador diga que cumple; un tercero tiene que verificarlo.

El artículo 4.3.2 se refiere a las instalaciones construidas, ampliadas o remodeladas en vigencia del RETIE, aunque el literal de los cargadores está en el apartado de construcciones nuevas, y el reglamento no clasifica el cargador como equipo especial. Si vas a añadir un cargador a una instalación que ya existe, pide al instalador que confirme por escrito qué certificación aplica a tu caso y quién la gestiona. Lo prudente es exigir el dictamen y que su costo figure en la propuesta, en lugar de descubrirlo cuando la administración o la aseguradora lo pidan.

La Ley 1964 de 2019 es la norma marco de movilidad eléctrica en Colombia. Su objeto es promover el uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones, y aunque buena parte de su articulado se dirige a incentivos y a infraestructura pública, contiene tres disposiciones que conviene conocer si te estás planteando un punto de carga.

El artículo 7 obliga a las entidades públicas y a los establecimientos comerciales que ofrecen parqueadero al público a destinar un mínimo del dos por ciento de sus plazas al uso preferencial de vehículos eléctricos, en municipios de categoría especial, primera y segunda según la Ley 617 de 2000.

El artículo 9 fija metas de infraestructura de carga rápida con un plazo de tres años desde la entrada en vigencia: Bogotá deberá garantizar un mínimo de veinte estaciones de carga rápida, y los municipios de categoría especial podrán garantizar un mínimo de cinco. Nótese la diferencia de verbo entre uno y otro caso, que no es casual.

Y el artículo 10, que es el que más afecta a una vivienda, establece disposiciones urbanísticas para que las edificaciones nuevas de uso residencial y comercial cuenten con acometida eléctrica preparada para la carga de vehículos eléctricos. Si tu edificio es de construcción reciente, merece la pena preguntar por esa previsión antes de cotizar: puede ahorrarte la parte más cara del proyecto.

Es el caso más frecuente en las ciudades colombianas y el que más consultas genera, porque mezcla una cuestión técnica con una jurídica.

La parte jurídica se rige por la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal. La pregunta que lo determina todo es de quién es el espacio donde va el cargador y por dónde pasa el cableado. Un parqueadero de propiedad privada dentro del conjunto no es lo mismo que uno de uso exclusivo asignado sobre zona común, y ninguno de los dos es lo mismo que tender una acometida por zonas comunes hasta llegar allí.

En la práctica, casi cualquier instalación real toca bienes comunes en algún tramo, aunque solo sea el recorrido del cable. Eso sitúa la decisión en el terreno de la administración y, según lo que digan el reglamento de propiedad horizontal y el alcance de la obra, de la asamblea de copropietarios.

La vía que menos fricción genera es llegar con el proyecto técnico hecho en lugar de con una idea: de dónde se toma la energía, por dónde discurre el circuito exclusivo que exige el RETIE, qué medición se propone para que el consumo lo pague quien carga, qué protecciones lleva y quién firma la declaración de cumplimiento. Una solicitud con esa información se resuelve mucho mejor que una pregunta abierta en una asamblea.

La cuestión de la medición merece atención aparte, porque es la que suele bloquear la conversación. Si el cargador cuelga del contador comunal sin medición individual, el consumo lo acaban pagando todos, y esa es la objeción legítima que aparecerá. Proponer de entrada una medición independiente convierte el debate en un trámite. En un parqueadero de sótano cerrado conviene además preguntar por la ventilación: el RETIE remite para esos espacios a la sección 625.52 de la NTC 2050 y a las condiciones que fije el productor del equipo.

La instalación termina con papeles, no con el equipo funcionando. Es la parte que más se omite y la que sostiene cualquier reclamación posterior.

Lo mínimo exigible es la declaración de cumplimiento del RETIE firmada por la persona competente, el dictamen de inspección, el certificado de conformidad y la garantía del equipo instalado, y el esquema de lo ejecutado: qué circuito se creó, qué protecciones lleva y desde dónde se alimenta. Sin ese esquema, cualquier intervención futura empieza por adivinar.

Conviene también fijar por escrito quién responde de qué y por cuánto tiempo. En un punto de carga conviven al menos dos garantías distintas —la del equipo, que da el fabricante, y la de la instalación, que da quien la ejecutó— y no cubren lo mismo ni las atiende el mismo interlocutor.

Y como el reglamento exige revisión técnica periódica, pregunta desde el principio quién la hará, cada cuánto según el manual del productor y qué cuesta. Es información que debería estar en la propuesta, no descubrirse un año después.