Beneficios tributarios de la energía solar para empresas: del certificado UPME a la declaración de renta

Los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014, en la redacción de la Ley 2099 de 2021, comparten una cláusula: la inversión «deberá ser evaluada y certificada» por la UPME como proyecto de generación con fuentes no convencionales de energía. El Decreto 895 de 2022 le puso nombre —certificado de inversiones para la procedencia de beneficios tributarios— y fijó su alcance: es válido para los bienes y servicios que el contribuyente incluyó en la solicitud y que recibieron concepto favorable, no para el proyecto en abstracto.

Esa precisión cambia la forma de preparar el proyecto. La solicitud no se hace sobre «una planta solar de tantos kilovatios», sino sobre una lista concreta: paneles, inversores, estructuras, medidores, transformadores y los servicios de ingeniería o montaje, cada uno con su marca, referencia, proveedor y valor. Lo que no esté en esa lista no entra en el certificado y, por tanto, no tiene beneficio.

La vigencia de los incentivos no es el problema: el artículo 14-1 de la Ley 1715, añadido por el artículo 55 de la Ley 2099, los mantiene por treinta años contados desde el 1 de julio de 2021, es decir, hasta 2051. El cuello de botella es el trámite, y la UPME lo está sintiendo: en 2025 recibió 6.284 solicitudes de proyectos de generación con fuentes no convencionales, un 58% más que en 2024.

La Resolución UPME 135 de 2025 reúne los requisitos y el procedimiento, y la Resolución UPME 400 de 2026 cambió la parte de fechas. Hasta mayo de 2026 las solicitudes se recibían en dos ciclos; la Resolución 400, del 29 de mayo, los sustituyó por una ventana continua, del 1 de febrero al 15 de diciembre de cada año. La propia UPME explicó el cambio por la necesidad de eliminar tiempos muertos entre ciclos. Lo que se radique fuera de la ventana se entiende no presentado.

Para un proyecto de generación con energía solar, el expediente se arma con siete piezas, todas por el aplicativo web, que es el único canal válido: la información del solicitante y del proyecto; el formato de firmas en PDF, firmado por quien solicita; los catálogos o fichas técnicas de cada equipo con los certificados de conformidad vigentes (o, si el catálogo ya cita las normas técnicas, basta con el catálogo); las ofertas o contratos de los servicios, con nombre, alcance, proveedor y valor; el comprobante de pago de la tarifa; el número de registro del proyecto en la UPME cuando la capacidad supera 1 MW; y, para los proyectos mayores de 1 MW que se conecten a la red, la identificación del punto de conexión previsto.

Los plazos de respuesta los fija la misma resolución, y son máximos: la UPME dispone de 10 días hábiles para revisar que la solicitud esté completa y de hasta 20 días hábiles, desde que avisa de que lo está, para decidir un proyecto de energías no convencionales. Si pide aclaraciones —lo hace una sola vez— el plazo se suspende hasta que la empresa responda, y la empresa tiene un mes calendario para hacerlo, prorrogable por otro mes si lo solicita antes de que venza. Si no responde, se entiende que desistió. Sumados sin aclaraciones, los plazos máximos son 30 días hábiles: unas seis semanas.

El resultado es favorable o desfavorable y se comunica por correo con las razones de la decisión. Contra el resultado cabe recurso de reposición. Los certificados emitidos conforme a esta resolución no tienen límite de vigencia, sin perjuicio de las reglas tributarias propias de cada beneficio.

La tarifa de evaluación la fija el artículo 13 de la Resolución 135 y se paga por PSE antes de radicar; el comprobante, con su código único de seguimiento, es parte de los requisitos. Para inversiones de 3.305 UVT o más, el pago mínimo es el menor entre 13,4 UVT más el 0,5% del beneficio estimado —que la resolución calcula como el 40,5% del valor de la inversión por encima de las 3.305 UVT— y un tope de 275 UVT. Con la UVT de 2026, fijada en $52.374, el tope equivale a unos 14,4 millones de pesos, sea cual sea el tamaño del proyecto.

Tres reglas de la resolución convierten un error de trámite en un costo: el solicitante es quien calcula el pago mínimo y la UPME verifica el pago pero no indica el valor que falta; la tarifa no se devuelve si la solicitud se archiva, se rechaza, se desiste o si algún elemento no se certifica; y cada solicitud nueva requiere un pago nuevo, incluso para el mismo proyecto. Como la inversión que se declara es la suma de los costos sin IVA de los bienes y servicios de la solicitud, vale la pena hacer la cuenta con las cifras del contrato y no con las de una cotización anterior.

A ese costo de entrada hay que sumarle el de oportunidad de un error de alcance. Después de radicar, la resolución impide incluir nuevos ítems o cambiar los soportes sin que la UPME lo pida; si el proyecto necesita otros bienes o servicios, hay que presentar otra solicitud. Y si cambia el valor reportado después de pagar, el certificado no se modifica: la empresa debe conservar los documentos que justifiquen la diferencia ante la autoridad tributaria.

El artículo 1.3.1.12.24 del Decreto 1625 de 2016, tal como lo dejó el Decreto 895 de 2022, excluye de IVA los equipos, elementos, maquinaria y servicios —nacionales o importados— destinados a la preinversión y a la inversión del proyecto, siempre que estén en la lista de bienes y servicios de la UPME. La certificación incluye las subpartidas arancelarias, que son las que se usan para soportar la declaración de importación y para pedir la exclusión.

El beneficio exige certificado. La DIAN lo ha reiterado en su Concepto 003086 de 2026: no es procedente aplicar la exclusión sin contar con la certificación. En la práctica, un proveedor que factura antes de que exista el certificado debe cobrar el IVA. El mismo decreto prevé qué hacer entonces: cuando la UPME expide el certificado después de la adquisición o importación, el inversionista puede pedir la devolución del impuesto pagado, que la DIAN trata como pago de lo no debido.

La devolución no es automática ni barata de gestionar. Se solicita por factura, en el año gravable en que se hizo la compra, y exige las facturas electrónicas, el certificado, una relación de esas facturas certificada por el contador o el revisor fiscal, la certificación de que el IVA no se llevó como mayor costo, como deducción ni como impuesto descontable, y la de que no se ha recibido devolución ni compensación por esa compra. La DIAN recomienda, además, verificar que las facturas coincidan con los ítems del certificado y que la compra caiga dentro de las fechas de ejecución del proyecto.

La consecuencia financiera es sencilla: en un proyecto grande, el IVA de los equipos es un desembolso que la empresa adelanta si compra antes de tener el certificado, y que recupera meses después. Si el cronograma lo permite, esperar a la respuesta de la UPME evita ese descalce de caja; si no lo permite, el costo financiero del IVA adelantado debe estar en el modelo.

La exención del artículo 13 de la Ley 1715 no es una rebaja general para todo lo importado. Recae sobre maquinaria, equipos, materiales e insumos que no produce la industria nacional y cuyo único medio de adquisición es la importación. El Registro de Productores de Bienes Nacionales sirve de consulta al Ministerio de Comercio para decidir las solicitudes, y el Comité de Importaciones decide la aprobación de la licencia previa.

El procedimiento tiene dos pasos que no se pueden saltar. El primero es pedir la exención a la DIAN con al menos 15 días hábiles de antelación a la importación, conforme a la documentación del proyecto avalada en el certificado de la UPME. El segundo es radicar en la Ventanilla Única de Comercio Exterior la solicitud de licencia previa anexando el certificado, con lo cual se entiende cumplida la solicitud para aplicar la exención.

Lo que cuenta es no dar por hecha una exención que depende de que el producto no se fabrique en Colombia y de que alguien la pida a tiempo: pregunte al instalador si el precio de su oferta ya la descuenta, quién hace el trámite y con qué soporte.

La deducción del artículo 11 es el 50% del total de la inversión realizada, que se toma en un periodo no mayor a 15 años contados desde el año gravable siguiente a aquel en que la inversión entró en operación. El límite anual es el 50% de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar la deducción. El Decreto 1625 de 2016 añade que, en su procedencia y límites, se aplican los artículos 177-1, 177-2, 616-1 y 771-2 del Estatuto Tributario.

Aquí se ve por qué el ahorro de caja no es el 50%. Lo que se ahorra es esa deducción multiplicada por la tarifa del impuesto de renta: con la tarifa general de las sociedades, del 35%, cada 100 pesos de inversión certificada reducen la base gravable en 50 y el impuesto en 17,5 pesos, repartidos a lo largo de los años en que la renta líquida permita absorberlos. Es un orden de magnitud, no una promesa: depende de la tarifa que le corresponda a la empresa y de su renta de cada año.

La depreciación acelerada del artículo 14 se calcula aparte. Permite depreciar las maquinarias, equipos y obras civiles necesarias para la preinversión, la inversión y la operación del proyecto, adquiridos o construidos exclusivamente para ese fin, a una tasa global anual de hasta 33,33%. La tasa puede variarse cada año sin exceder ese límite, previa comunicación a la dirección seccional de la DIAN o a la dirección operativa de grandes contribuyentes. La deducción y la depreciación pueden solicitarse a la vez, sin que se considere concurrencia de beneficios, para los contribuyentes obligados a declarar renta y a llevar contabilidad.

Hay un asunto de caja que se omite con frecuencia: la deducción se toma desde el año siguiente a la entrada en operación, no desde el año en que se paga. Un proyecto que entra en operación en enero empieza a deducir un año completo después que uno que entró en operación en diciembre del año anterior. La fecha de la puesta en marcha no es un detalle de obra: es un parámetro del flujo de caja.

Los beneficios de renta son condicionales, y el Decreto 1625 los protege con una regla de restitución. Si el activo se enajena antes de que finalice su periodo de depreciación o amortización, el contribuyente debe incorporar lo deducido como renta líquida por recuperación de deducciones, en el año gravable en que se perfeccione la venta, conforme a los artículos 195 y 196 del Estatuto Tributario. Tampoco procede el beneficio sobre activos que, vendidos, son readquiridos por el mismo contribuyente.

La misma restitución opera si se anulan, resuelven o rescinden los contratos celebrados para hacer la inversión. Y en el leasing financiero, si el locatario no ejerce la opción de compra al final del contrato, los valores deducidos se declaran como renta líquida por recuperación de deducciones en el año en que decida no ejercerla. El decreto excluye expresamente los contratos de retroarriendo o lease back y cualquier modalidad que no transfiera la propiedad al final.

También hay una condición de origen: el contribuyente debe poder probar que los activos se mantuvieron en su patrimonio desde su activación inicial y que no los usó antes un tercero. El beneficio es para equipo nuevo del proyecto, no para activos de segunda mano reubicados.

La DIAN tiene facultad expresa de verificar todo esto: que se ejerció la opción de compra, que los activos no se enajenaron antes de cumplir su vida útil, y que quien incumplió declaró la recuperación. Por eso la empresa debe conservar el certificado de la UPME, las facturas, las pruebas de que el valor deducido corresponde a inversiones del proyecto y la evidencia de que este entró en operación.

El formato de la UPME que cita la DIAN distingue entre un solicitante principal —la persona natural o jurídica propietaria de los activos del proyecto— y uno o varios solicitantes secundarios, que pueden ser, por ejemplo, la entidad financiera con la que el principal firmó un leasing financiero con opción irrevocable de compra, caso en que se anexa el contrato.

Esa distinción conecta este artículo con el anterior. En una compra directa, el solicitante principal es la empresa. En un leasing, la empresa es la principal y el banco figura como secundario. En un contrato de energía con un tercero que es dueño del equipo, el principal es el tercero, y los incentivos son suyos: la empresa que consume no tiene inversión que certificar. Lo razonable es exigir que el beneficio se refleje en el precio de la energía.

La DIAN, en el Concepto 003086 de 2026, observa además que el término «inversionista» que usa el decreto para la devolución del IVA no coincide con las categorías del formato de la UPME, y aclara que no le compete pronunciarse sobre la guía de diligenciamiento de esa entidad. En una estructura con varios intervinientes —contratista, financiador, propietario— conviene que el contador deje por escrito quién solicita, quién paga y a nombre de quién quedan las facturas, antes de radicar.

Con lo anterior, el orden razonable de un proyecto empresarial es el siguiente. Conviene seguirlo con el instalador y el contador en la misma mesa, porque cada paso condiciona al siguiente.

El primero es radicar con una lista incompleta. Como después no se pueden añadir ítems, un inversor, un transformador o un servicio de ingeniería que se olvidó queda sin beneficio, o exige una segunda solicitud con su tarifa. La lista de la solicitud debe salir de la oferta final, no de una cotización preliminar.

El segundo es dar por hecha una fecha. El resultado de la UPME no es inmediato, y un cronograma de obra que compra equipos la semana siguiente a radicar está decidiendo, sin saberlo, pagar el IVA y reclamarlo después.

El tercero es asumir que el incentivo es del proyecto y no del contribuyente. La deducción solo la aprovecha quien tiene renta líquida y la absorbe en los plazos de la ley; una empresa con pérdidas o con renta baja la irá arrastrando años. Antes de comprometerse, el contador debe correr el cálculo con las cifras de los próximos ejercicios.

El cuarto es olvidar la restitución. Una venta de la planta o un leasing que se devuelve al final pueden convertir la deducción de años anteriores en renta del año de la venta. Si hay un plan de salida para el activo, el modelo financiero debe conocerlo desde el principio.

El quinto es no archivar. La carga de probar que los equipos están en operación, que son nuevos y que el valor deducido es el del proyecto recae en el contribuyente; si el certificado y las facturas no aparecen cuando la DIAN los pide, el beneficio no resiste una revisión.