Energía solar para la agroindustria en Colombia

Un sistema solar conectado a la red produce durante el día. Su rentabilidad depende, sobre todo, de qué fracción de esa energía se consume en el mismo instante, porque esa es la que evita pagar la tarifa completa; lo que sobra se entrega a la red y se compensa según lo que fija el artículo 25 de la Resolución CREG 174 de 2021, modificado por la Resolución CREG 101 072 de 2025, a un valor que no tiene por qué igualar esa tarifa.

La mayoría de las operaciones agroindustriales tienen el perfil de consumo que la solar premia: el riego y el bombeo trabajan de día, la refrigeración y la cadena de frío operan de forma sostenida, y el secado y la poscosecha se concentran en horas de sol. Es lo contrario de una vivienda, que se vacía justo cuando más se genera.

A ese factor horario se suman dos ventajas físicas que el campo tiene y la ciudad no: cubiertas grandes de bodegas, galpones y plantas de proceso, y terreno disponible para instalaciones en suelo cuando el techo no alcanza. Menos restricción de espacio significa más libertad para dimensionar el sistema por el consumo, que es como debe hacerse, y no por los metros que caben.

La producción de un sistema depende de la irradiación del sitio, y Colombia no es homogénea. Según el Atlas de Radiación Solar del IDEAM, regiones como el Caribe, La Guajira y parte de los Llanos Orientales están entre las de mayor irradiación del país, mientras que zonas andinas y de alta nubosidad rinden menos.

Para un proyecto agroindustrial esto no es un detalle: buena parte de la producción de banano, palma, arroz, ganadería y agroexportación ocurre precisamente en las regiones de mejor recurso solar. La misma potencia instalada produce más en una finca de la costa que en una del altiplano, y esa diferencia se traslada directa al ahorro.

La consecuencia práctica es que la evaluación debe partir de la irradiación real del sitio, con su fuente declarada, no de una cifra nacional promedio. Una propuesta que no dice qué irradiación usó está escondiendo el supuesto que más mueve el resultado.

No toda carga agroindustrial se comporta igual frente a la solar. Vale la pena mirarlas por separado, porque el encaje depende de cuándo consumen.

La Ley 1715 de 2014, modificada por la Ley 2099 de 2021, establece cuatro mecanismos para proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía renovable, y el Decreto 829 de 2020 reglamenta el procedimiento sobre un proyecto certificado ante la UPME.

Para una empresa agroindustrial formal, con renta líquida contra la cual aplicar, estos incentivos cambian de forma notable el coste después de impuestos. Pero tienen un requisito que hay que decir con claridad: la deducción en renta y la depreciación acelerada solo valen algo si hay base gravable suficiente, y todo pasa por certificar el proyecto ante la UPME. No es un descuento que el instalador aplica a la factura.

Por eso conviene desconfiar de una propuesta que presenta los incentivos ya restados del precio como si fueran seguros. No lo son, dependen de la situación tributaria del año y de un trámite con su propio calendario, y presentarlos como automáticos distorsiona la comparación entre cotizaciones.

La primera particularidad es la red. Muchas fincas y plantas rurales están al final de una línea débil o directamente sin conexión estable. Eso cambia el diseño: donde una industria urbana instala un sistema conectado a la red, una operación rural puede necesitar un sistema híbrido con respaldo, o incluso aislado, para sostener cargas críticas como la cadena de frío durante un corte. Es más equipo y más inversión, y hay que evaluarlo desde el principio, no descubrirlo después.

La segunda es la estacionalidad. Un cultivo con cosecha concentrada tiene un pico de consumo unas semanas al año y poco el resto. Dimensionar por ese pico produce un sistema sobredimensionado que exporta de más el resto del tiempo, y el excedente se compensa por debajo de la tarifa. La referencia correcta es el consumo sostenido del año, no la punta de campaña.

La tercera es el ambiente. El polvo de labores agrícolas, el material particulado de la molienda y la cercanía a agroquímicos ensucian los módulos más rápido que en un techo urbano, y algunas zonas costeras añaden corrosión salina. Eso significa limpieza más frecuente y componentes adecuados al entorno: un costo de operación real que la propuesta debe reconocer.

La cuarta, como en cualquier proyecto empresarial, es la propiedad del inmueble y el horizonte de permanencia. En tierra arrendada o en aparcería hay que acordar por escrito quién invierte y quién queda con el activo antes de montar nada.

Cuando hay mucho terreno y mucha cubierta, aparece la tentación de instalar en grande. En el agro se suma una segunda trampa: dimensionar por la temporada de mayor actividad de un cultivo estacional.

Las dos llevan al mismo resultado: un sistema que genera de más en las horas y meses de menor consumo, exporta ese excedente y lo ve compensado a un valor que no equivale a la tarifa evitada. La inversión sube con el tamaño; el ahorro, no en la misma proporción.

El dimensionamiento correcto parte de los datos de consumo reales —idealmente la curva horaria del comercializador y, si no, doce meses de facturas que capturen la estacionalidad completa— y busca el punto donde se maximiza el autoconsumo sin generar un excedente sistemático. Si una propuesta llega con una potencia que no explica de dónde sale, esa es la primera pregunta que hay que hacer.

Una operación agroindustrial que va a invertir necesita una propuesta que se pueda auditar, no una cifra de ahorro suelta. Pedir lo correcto por adelantado ahorra un ciclo entero de revisión.